21 de Febrero 2007*
Viedma: (APP) -Antonio Anselmo Martino, abogado, profesor Titular de la Universidad de Pisa, Italia, y profesor de Postgrado de las Universidades de Buenos Aires y del Salvador, bautizó una vez con el nombre de “contaminación legislativa” el crecimiento desmedido de leyes, no tanto por la cantidad sino por la calidad “dado que hay derogaciones implícitas y si éstas no se eliminan el orden jurídico continuará a ser incierto”. El reconocido profesional defendió en este marco la importancia que tanto a nivel nacional como en las distintas jurisdicciones se asuma la tarea del Digesto Jurídico, fundamentando que: “Si las normas de un sistema no son coherentes, si contienen contradicciones quiere decir que en un caso abstracto hay dos tipos de soluciones jurídicas contradictorias entre si. En ese caso el ciudadano no sabe a que atenerse y los jueces no saben como decidir”.
Esta introducción creo que sirve para destacar los avances que está realizando nuestra provincia, a partir de la conformación de una Comisión Interpoderes, para terminar este año –posiblemente en agosto- un Digesto Jurídico que, a diferencia de la tarea parcial que se está realizando a nivel nacional y de las experiencias también acotadas que realizaron otras provincias, como San Luis, comprende la depuración y simplificación de todas las normas –leyes y decretos- dictadas desde el nacimiento institucional de Río Negro.
Lo distintivo además es que en la provincia todo el trabajo del Digesto se ha hecho hasta el momento por administración, es decir, con nuestros propios recursos humanos, y que partiendo de un universo de 80.000 normas se alcanzó en apenas dos años una depuración que permite contar ahora con una base software de 1.300 leyes y 2.500 decretos.
La novedad es que desde el primero de febrero último ya está trabajando un equipo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la última etapa del Digesto Jurídico, referida al análisis epistemológico de las normas, es decir, el control académico y actualización final del sistema normativo de la provincia.
En diciembre último se había firmado el convenio con la UBA, tal como lo había decidido la Comisión Interpoderes, con la convicción que terminar este trabajo, a través de la clarificación y el ordenamiento de las normas jurídicas vigentes, permitirá una mayor seguridad jurídica en la provincia.
El equipo de la universidad está conformado por Daniel Sabsay (graduado en Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia y profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA); Pablo José María Revilla (Secretario letrado de la Procuración General de la Nación y Doctorado en Derecho Fiscal); Mario Rejtman Farah (Abogado y Doctor en Jurisprudencia y Profesor Titular “Políticas de transparencia en el sector público”); Gustavo José Naveira de Casanova (abogado recibido en la UBA y Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca); Mario Justo López (Abogado y Doctor en el área Historia del Derecho en la Facultad de Derecho UBA); Roberto Izquierdo (Abogado y amplió su formación en el Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT, en Ginebra); Osvaldo Alfredo Gozaini (Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires), y Lily R. Flah ( Titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 90 y Profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA).
Este sucinto currículum de cada uno de los miembros del equipo técnico de la UBA refleja su excelencia y marca que no es necesario dirigirse a una consultora privada para hacer un trabajo de estas características, sino que la universidad pública tiene un cuerpo académico lo suficientemente profesional como para completar el trabajo iniciado por los recursos humanos de no menos jerarquía de la provincia.
Hay que señalar que la labor de la UBA se refiere, en una primera etapa, al control académico, epistemológico, de las leyes y, en forma posterior, se realizará el de los decretos, con el objetivo de tener todo el Digesto Jurídico en el segundo semestre de este año, de manera de presentarlo formalmente y para que ya cualquier ciudadano pueda acceder a su contenido.
Los profesionales de la UBA trabajan en Capital Federal a partir de la base de datos depurada que le entregó el equipo técnico de la provincia encabezado por Miguel Galindo, pero hay una tarea permanente de interconsulta y de cotejar información entre ambas partes, al tiempo que la comisión provincial continúa con la tarea de actualización y control de calidad la normativa que se sigue generando desde el parlamento.
En línea con lo señalado por Martino, basta reafirmar que el Digesto Jurídico constituirá un jalón en la vida institucional de la provincia, ya que la certeza y claridad de la legislación hace a un valor esencial del sistema democrático: la seguridad jurídica.
Las inversiones requieren conocer ‘las reglas de juego’ antes de producirse, y por eso Río Negro tendrá más posibilidades de captar capitales si puede dar a conocer certeramente y con sólo acceder a un sitio web el marco normativo que nos rige.
FUENTE: LEGISLATURA
Se trata de reforzar de esta manera los fondos destinados a mejorar el accionar y el equipamiento material de las 30 Asociaciones de Bomberos Voluntariso que existen en la provincia. 
21 Febrero 2007 – 17:44 
